Carlos Saúl Menem, Presidente de Argentina

Carlos Saúl Menem (Anillaco, 2 de julio de 1930) es un político y abogado argentino que fue el cuadragésimo cuarto presidente de la Nación Argentina desde 1989 a 1999. Cumplió su primer período presidencial de 1989 a 1995, luego del de Raúl Alfonsín, e impulsó la Reforma de la Constitución Argentina de 1994, que disminuyó la extensión del mandato a cuatro años y habilitó una reelección presidencial inmediata. Esto le permitió presentarse como candidato y ser reelecto en 1995 para un segundo mandato que se extendió hasta 1999, año en que fue sucedido por Fernando de la Rúa. Desde 2005 es Senador Nacional por la Provincia de La Rioja. Es el único ciudadano argentino en haber completado dos mandatos presidenciales constitucionales de forma consecutiva y el que permaneció durante más tiempo, de forma ininterrumpida, ejerciendo la primera magistratura. Además, ganó las tres elecciones presidenciales para las cuales se presentó, aunque desistió de presentarse al balotaje en el año 2003 tras triunfar en la primera vuelta. Índice [ocultar] 1 Primeros años 2 Presidencias 2.1 Primera presidencia (1989-1995) 2.1.1 Política económica 2.1.2 Plano político y Privatizaciones en la década menemista 3 Empresas privatizadas o concesionadas 3.1 Gabinete del 1er. Periodo 3.2 Segunda presidencia (1995-1999) 3.2.1 Gabinete del 2do. Periodo 4 La muerte de su hijo Carlos 5 Vida pública después de sus presidencias 6 Candidatura presidencial en 2003 7 Senador nacional por La Rioja 8 Imagen pública 9 Condena por venta de armas 10 Referencias 11 Véase también 12 Enlaces externos Primeros años[editar]

Nació en Anillaco, provincia de La Rioja. Sus padres eran Mohibe Akil (1907-1977) y Saúl Menem (1898-1975), y eran de ascendencia siria, provenientes de Yabrud. Estudió abogacía en la Universidad Nacional de Córdoba. Salió al conocimiento público cuando defendió profesionalmente presos políticos durante el gobierno militar de la Revolución Libertadora. Fue detenido por primera vez en 1956 durante el gobierno del general Pedro Eugenio Aramburu.1 Al año siguiente fundó la Juventud Peronista de su provincia, mientras se desempeñaba como asesor legal de la Confederación General del Trabajo y de otros sindicatos de La Rioja.

Asunción como gobernador de La Rioja en 1973. En 1973, con la vuelta de la democracia, fue electo gobernador de su provincia. En marzo de 1976, tras el derrocamiento de la presidenta María Estela Martínez de Perón, fue detenido por la Junta Militar que gobernó el país durante el Proceso de Reorganización Nacional y permaneció en esa situación durante cinco años, primero en la cárcel y luego confinado en una pequeña localidad de la provincia de Formosa hasta quedar en libertad en febrero de 1981. En octubre de 1983, con el fin del régimen militar y el regreso de la democracia al país, Menem fue electo nuevamente como gobernador de La Rioja.

Asunción como gobernador de La Rioja en 1983. En 1988 derrotó a Antonio Cafiero en las elecciones internas del Partido Justicialista y fue proclamado candidato a la Presidencia de la Nación por el Frente Justicialista Popular (FREJUPO), una coalición del justicialismo con otros partidos menores. En las elecciones del 14 de mayo de 1989 fue electo Presidente de la Nación con el 47% de los votos, superando al candidato de la Unión Cívica Radical, Eduardo Angeloz que obtuvo el 32,45%, y sucediendo entonces al Presidente Raúl Alfonsín, al que debió reemplazar cinco meses antes de la finalización de su mandato debido a la crisis provocada por la hiperinflación que afectó al país. Presidencias[editar]

Primera presidencia (1989-1995)[editar]

Raúl Alfonsín finaliza su mandato y entrega la banda presidencial a Carlos Menem. Carlos Menem asumió la presidencia el 8 de julio de 1989, tras el retiro anticipado de Raúl Alfonsín. Fue por entonces la primera sucesión presidencial entre dos presidentes constitucionales desde 1928, y la primera desde 1916 entre presidentes de diferentes partidos políticos. Política económica[editar] El principal problema que debió enfrentar al asumir la presidencia fue el de una economía en crisis con hiperinflación. El gobierno de Menem se plegó a los principios del Consenso de Washington, para esto introdujo una serie de reformas neoliberales: con la aprobación de la Ley de Reforma del Estado fue autorizado a privatizar varias empresas estatales, en la forma que el presidente estimara conveniente. Las primeras privatizaciones efectuadas fueron las de la empresa telefónica Entel y la de Aerolíneas Argentinas. Las mismas, y otras posteriores, se privatizaron rápidamente buscando conseguir con ello réditos mediáticos que instalaran la idea de la voluntad reformista del gobierno, pero dicha rapidez condujo luego a numerosas críticas y denuncias de irregularidades, omisiones y casos de corrupción. Pronto se privatizaron también la red vial, los canales televisivos (con la excepción de ATC, hoy Canal 7), gran parte de las redes ferroviarias, Yacimientos Petrolíferos Fiscales y Gas del Estado.

En 1990 Argentina recibió la visita del entonces Presidente George Bush, con quien Menem se comprometió a fortalecer la agenda de liberalización del comercio. Fragmento de la conferencia de prensa conjunta en la Casa Rosada. Se desreguló la economía, reduciendo cupos, aranceles y prohibiciones de importaciones, y se estableció la libertad de precios. Con el aumento de impuestos como los del Valor Agregado y Ganancias se aumentó la recaudación fiscal. Aun así, a pesar de dicho aumento y de los ingresos generados por las privatizaciones, la situación económica se mantenía convulsionada y a fines de 1989 se produjo una segunda hiperinflación. El ministro de economía de entonces, Erman González, apeló al Plan Bonex: confiscó los depósitos a plazo fijo y los cambió por bonos de largo plazo en dólares. Asimismo, restringió fuertemente la emisión monetaria. Durante la gestión de Domingo Cavallo, ministro de Economía de su gobierno, se estableció la Ley de Convertibilidad, cuya aplicación se prolongaría hasta la crisis argentina de fines de 2001 y comienzos de 2002. El Banco Central de la República Argentina estaba obligado a respaldar la moneda argentina con sus reservas en una relación de cambio en la que un dólar estadounidense equivalía a un peso convertible. De esta forma se restringía la emisión de billetes como medio de financiamiento del Estado.

Domingo Cavallo, ministro de economía. Estas medidas lograron una estabilidad económica sin inflación significativa que ofreció un clima favorable para el surgimiento de inversiones y el ingreso de capitales desde otros países, produciéndose un marcado crecimiento del PBI. Ese aumento estuvo fraccionado por el incremento del sector servicios, mientras que el PBI industrial se contraía y la economía argentina se privatizaba. La estabilidad económica fue entonces, sólo aparente, ya que disminuía la capacidad de la economía de emplear mano de obra y cerraban incontables establecimientos industriales. Durante su gobierno la deuda externa pública se multiplicó desde los 45.000 millones que había dejado el gobierno de Alfonsín, hasta finalmente llegar en el 2000 a 145.000 millones.2 En los servicios públicos las privatizaciones produjeron mejoras de calidad en algunas rubros (electricidad, telefonía), mientras que en otros el impacto fue negativo (transportes ferroviarios), este último en particular por el cierre masivo de los servicios de pasajeros de larga distancia ocurrido puntualmente el 10 de marzo de 1993. Si bien los servicios de trenes privatizados urbanos del área metropolitana y cargas en general registraron leves mejorías, finalmente con la crisis de 2001 y la devaluación, desnudaron las frágiles condiciones contractuales que llevaron a las empresas a la quiebra, posterior vaciamiento de su infraestructura y finalmente a un deterioro del servicio en parte sostenido por subsidios. Al mismo tiempo, los principales inconvenientes económicos generados por esta política fueron una disminución de la competitividad basada en el tipo de cambio y un crecimiento del desempleo. Al asumir Menem el gobierno, los valores de desocupación y subocupación habían alcanzado picos históricos (8,1 y 8,6% de la población económicamente activa, respectivamente). Luego de un período de lenta disminución (6,9 y 8,3% en mayo de 1992), el desempleo y el subempleo volvieron a crecer durante la crisis del Tequila, hasta alcanzar un pico de 18,4 y 11,3% en mayo de 1995, tras lo cual bajaron levemente hasta 12,4% y 13,6% en octubre de 1998. Para el final de su gobierno, estas cifras eran de 13,8 y 14,3%. Contribuyeron al aumento del desempleo y el subempleo, los despidos masivos en las empresas públicas privatizadas, la terciarización de actividades y las sucesivas medidas de flexibilización laboral. Plano político y Privatizaciones en la década menemista[editar]

El presidente Carlos Menem anuncia la implementación de la reforma educativa y pide apoyo para la privatización de YPF y del sistema jubilatorio. 1992 En política exterior, desde el inicio mismo de su mandato se promovió un alineamiento automático hacia los Estados Unidos, con lo cual la Argentina abandonó el Movimiento de Países No Alineados. El ministro Guido Di Tella se refirió a dicho alineamiento en forma humorística como "Relaciones carnales", pero más adelante el término sería tomado por los críticos de dicha política internacional para referirse a ésta en forma denigratoria. Poco después de la implementación del Plan Bonex tuvo lugar el Swiftgate, en el cual la empresa estadounidense Swift denunció verse perjudicada en una operación comercial al no aceptar otorgar un soborno. Swift recurrió al embajador de los Estados Unidos, Terence Todman, y el propio gobierno estadounidense tomó cartas en el asunto. Finalmente, a principios de 1991 renunció todo el gabinete menemista. Fue durante dicho escándalo que José Luis Manzano pronunció su célebre frase "Yo robo para la corona". En otros planos, en 1991 promovió la formación del Mercosur y restableció relaciones diplomáticas con el Reino Unido, interrumpidas desde la Guerra de Malvinas. Suspendió el servicio militar obligatorio tras el escándalo consecuencia del Caso Carrasco. Indultó a militares de la anterior dictadura (1976-1983) y a militantes de organizaciones terroristas que habían actuado principalmente durante la década del setenta. Durante su gobierno, se modificó por ley del Congreso el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia, elevándolo a nueve miembros. Parte de la prensa denominó a esta corte ampliada la mayoría automática, aduciendo que en la mayor parte de los casos polémicos los votos de estos cinco jueces coincidían con la posición del gobierno. Durante su gestión la Argentina fue blanco de dos ataques terroristas: el primero a la embajada de Israel, el 17 de marzo de 1992, y el segundo contra la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), el 18 de julio de 1994, que provocaron 29 y 85 muertos respectivamente. Distintas fuentes, entre ellas la de los dirigentes de la comunidad judía, afirmaron que el atentado fue perpetrado por organizaciones fundamentalistas islámicas con sede en el Líbano, bajo la organización de Irán, y acusaron al presidente de desviar la investigación que conduciría a la responsabilidad de ese país. Esta teoría se consolidó cuando un ex miembro de la inteligencia iraní aseguró que Menem recibió dinero para desvincular a ese país del ataque. En el 2004 un tribunal federal comprobaría que el juez que hacía 10 años investigaba la causa, Juan José Galeano, habría sobornado, siguiendo instrucciones del gobierno de Menem, a uno de los inculpados para que incriminara a oficiales de la policía bonaerense. Más aún, en junio de 2006, Hugo Anzorreguy, jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) durante el gobierno menemista, manifestó ante el juez federal que Menem había ordenado dicho soborno utilizando dinero de los fondos públicos. Hasta esa fecha la investigación no se ha completado. Las denuncias de corrupción sobre su gobierno no impidieron que su gestión mantuviera una imagen favorable debido al éxito en la faz económica. En 1993, su Ministro del Interior, Gustavo Béliz, renunció a su cargo y declaró públicamente que el presidente estaba rodeado de corruptos. Cuando Menem anunció su propósito de hacer aprobar una ley que declarara la necesidad de convocar a una convención constituyente que modificara la Constitución Nacional y permitiera su reelección se planteó un conflicto interpretativo respecto del artículo 30 de dicha Constitución. Menem sostenía -al igual que lo había hecho Perón en 1949- que la mayoría de dos tercios de los miembros del Congreso requerida para ello debía calcularse sobre los que estuvieran presentes en la sesión en tanto la oposición sostenía -tal como lo había hecho la Unión Cívica Radical en 1949- que se necesitaban dos tercios del número de representantes que integraba cada Cámara. El punto era crucial porque los partidarios de la reforma no alcanzaban la mayoría necesaria si se aplicaba esta última interpretación. Menem presionó con utilizar la interpretación que lo favorecía e incluso convocó a un plebiscito no vinculante para que ciudadanía opinara sobre la reforma, pero finalmente entró en negociaciones con el líder de la oposición radical, Raúl Alfonsín, quien aceptó que se convocara a una Convención para la reforma de la Constitución Nacional que incluyera además del tema de la reelección otras cláusulas que le interesaban, tales como la elección de un tercer senador por la minoría, el establecimiento de la figura del Jefe de Gabinete y la incorporación a la Constitución de diversos convenios internacionales, entre otros puntos, todo lo cual configuró el llamado Pacto de Olivos. La reforma fue aprobada por la convención en 1994 y permitió la reelección de Menem al año siguiente.